De aprobarse en la Ley de Ingresos de 2022 la propuesta que obligaría a todos los mexicanos mayores de 18 años a tramitar su RFC, se dotará al SAT de una poderosa herramienta para seguir la pista a millones de jóvenes que se incorporarán en los siguientes años a la vida productiva, afirmaron especialistas.
Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CCE; Isabel Albo, especialista en derecho fiscal y socia del despacho GLZ Abogados; y Eduardo Revilla, presidente de la Comisión de Impuestos de la International Chamber of Commerce México (ICC México), coincidieron que la modificación también servirá para que el fisco tenga en el radar a más de 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad.
Para cerrar la pinza en la fiscalización del manejo de efectivo de las personas, la iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone incrementar las obligaciones para que las instituciones financieras proporcionen información mensual, en lugar de anual, de los depósitos en efectivo que reciban los cuentahabientes.
Elio Zurita, de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México, explicó que la obligación ya existía, los bancos debían reportar los depósitos en efectivo de más de 15 mil pesos, pero de manera anual.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo 247.7 mil millones de pesos adicionales de ‘recaudación secundaria’ durante el primer semestre del año. De este monto, 188.3 mil millones de pesos fueron por actos de fiscalización y 59.4 mil millones se lograron por eficiencia y cobranza.
En su Informe Tributario y de Gestión correspondiente al primer semestre, precisó que la recaudación secundaria, denominada así porque para su cobro debe intervenir la autoridad, representó el 13.3 por ciento del total de captación de impuestos, que sumaron un billón 856 mil millones de pesos.
Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que la recaudación adicional por actos coactivos y de fiscalización “seguramente obedece a las diversas acciones que han implementado las autoridades del SAT, particularmente mediante cartas invitación, solicitando respuestas a diversos comportamientos fiscales de los contribuyentes”.